Un año ha tardado el Ayuntamiento de Arenys de Munt (Maresme) en retirar la licencia a la mezquita Annour, ubicada en los bajos de un bloque de pisos en el barrio del Pi Gros. El consistorio había sido apercibido por el Tribunal Superior de Justicia para ejecutar la sentencia favorable a los vecinos demandantes, que se vieron obligados a presentar una petición de ejecución de sentencia ante la parálisis municipal. La resolución fue emitida el 24 de enero de 2016 pero el gobierno municipal decidió esperar a que la comunidad musulmana encontrase otra ubicación.
El pasado 10 de febrero el gobierno de Arenys de Munt (ERC-PSC) ordenaba el cese de toda actividad relacionada con el culto, ni de otro ámbito, en el local del número 11 de la avenida Sant Jordi. La licencia fue revocada oficialmente el 15 de diciembre. Por su parte, la asociación musulmana se ha manifestado impotente para buscar un nuevo emplazamiento ya que “cuando explicamos que es para una mezquita, nadie quiere saber nada” explica un miembro de la comunidad. Desde que el TSJC emitió la sentencia desfavorable, siguen buscando espacios adecuados para el oratorio, pero tampoco pueden asumir un alquiler que supere los 600 euros mensuales.
Mezquita de Arenys de Munt cerrada (cedida comunidad)
El propio ayuntamiento, a través de la regidoría de Bienestar Social, ha estado negociando con entidades bancarias algunos locales en el polígono industrial que podrían acoger el oratorio, sin obtener resultados. Una opción que tampoco seduce a la comunidad musulmana ya que una nave industrial precisaría mucha inversión para adecuarla a sus necesidades y no podrían hacer frente a los alquileres. Por el momento, Annour ha presentado alegaciones a la revocación de la licencia y argumenta que invirtieron más de 25.000 euros en la adecuación del local a las normativas municipales. Por su parte, el consistorio recuerda que quien obliga a clausurar el centro es el TSJC.
La sentencia irrevocable tiene la peculiaridad que desestimó la mayoría de los argumentos presentados por los vecinos, como por ejemplo las molestias o la falta de ventilación. Sin embargo, admitió el razonamiento de vulnerar el régimen establecido de aparcamientos, teniendo en cuenta la gran afluencia de fieles que se congregaban en la mezquita.
Por su parte, los vecinos, durante este tiempo han presentado 350 firmas contra el oratorio y lamentan que el ayuntamiento haya ignorado sus requerimientos pese a tener una sentencia que les da la razón. Rechazan motivaciones xenófobas y relatan las molestias que cada semana padecían a causa del alboroto de fieles en el exterior del centro hasta altas horas de la madrugada.
El pasado 10 de febrero el gobierno de Arenys de Munt (ERC-PSC) ordenaba el cese de toda actividad relacionada con el culto, ni de otro ámbito, en el local del número 11 de la avenida Sant Jordi. La licencia fue revocada oficialmente el 15 de diciembre. Por su parte, la asociación musulmana se ha manifestado impotente para buscar un nuevo emplazamiento ya que “cuando explicamos que es para una mezquita, nadie quiere saber nada” explica un miembro de la comunidad. Desde que el TSJC emitió la sentencia desfavorable, siguen buscando espacios adecuados para el oratorio, pero tampoco pueden asumir un alquiler que supere los 600 euros mensuales.
El propio ayuntamiento, a través de la regidoría de Bienestar Social, ha estado negociando con entidades bancarias algunos locales en el polígono industrial que podrían acoger el oratorio, sin obtener resultados. Una opción que tampoco seduce a la comunidad musulmana ya que una nave industrial precisaría mucha inversión para adecuarla a sus necesidades y no podrían hacer frente a los alquileres. Por el momento, Annour ha presentado alegaciones a la revocación de la licencia y argumenta que invirtieron más de 25.000 euros en la adecuación del local a las normativas municipales. Por su parte, el consistorio recuerda que quien obliga a clausurar el centro es el TSJC.
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