Madrid,01-03-2017,islamedia
Desde hace tiempo algunos medios y sectores cercanos a la Administración han utilizado diversos pretextos para bloquear el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España de 1992 utilizando excusas como la “falta de unión entre los musulmanes” o la “falta de capacidad de gestión”. Estos argumentos son repetidos en los medios de comunicación.
Desde la firma de los Acuerdos de Cooperación, ha existido una falta de ejecución y desarrollo de los derechos de los musulmanes lo cual ha colocado a la religión islámica y otra minorías en una situación de desventaja en relación a la religión mayoritaria. Uno de estos aspectos es la creación de una casilla para la religión islámica en el IRPF.
Los musulmanes y las demás minorías han sufrido una discriminación en el terreno económico frente a la religión mayoritaria, que ha recibido en los últimos años miles de millones de euros. En contraste, los musulmanes, evangélicos y judíos han recibido exiguas subvenciones, que en la mayoría no pasan de 2.000 o 3.000 euros anuales para proyectos de cada comunidad por parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que posee un presupuesto actualmente de sólo 1,5 millones de euros. Esta cantidad no sólo debe financiar miles de proyectos de comunidades islámicas, evangélicas y judías, sino que también tienen que atender a los gastos del propio aparato de administración, incluyendo sus sueldos y equipos.
Cabe señalar además que la Fundación Pluralismo y Convivencia sólo permite financiar proyectos de tipo social y cultural y en ningún caso religioso, en contraste con lo que sucede con la Iglesia Católica. Estos proyectos obligan también a las comunidades religiosas a realizar actividades de tipo social y cultural que no vienen citados como fines en sus estatutos.
Es por ello por lo que consideramos que los musulmanes deben tener derecho a utilizar su declaración del IRPF para subvencionar los proyectos de la Comisión Islámica de España (CIE) y las entidades islámicas. La existencia de discrepancias internas, que es algo habitual en todas las organizaciones sociales o políticas, no puede servir de excusa para negar este derecho a los musulmanes cuando existe un órgano, la CIE, que cuenta con representantes legales registrados en el Registro de Entidades Religiosas y que mantienen una meritoria y continua actividad.
Privada de recursos, la CIE y las federaciones que la forman han estado gestionando miles proyectos propios y de las comunidades musulmanas locales. Por lo tanto, la utilización de una supuesta mala gestión como pretexto para no facilitar el establecimiento de la casilla de la religión islámica en el IRPF no sólo es incorrecta sino injusta. No cabe duda además que el aumento de dotación de recursos para la CIE sirviera para mejorar todos los aspectos de trabajo de la Comisión y las federaciones y daría una mayor visibilidad a las mismas.
